Colombia: Un llamado a la vigilancia para prevenir el regreso a la guerra.

Existe una preocupación real de que la violencia actual en el suroeste de Colombia pueda intensificarse, trayendo a la memoria el fantasma de más de cincuenta años de guerra con las FARC, que terminó en 2016 con un acuerdo de paz entre la guerrilla y las autoridades de Bogotá. Ante la ola de ataques que en las últimas semanas ha sacudido particularmente los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, Monseñor Germán Medina Acosta, obispo de Engativá y secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), observa que el país latinoamericano no puede permitirse «volver a escenarios como los vividos en décadas anteriores». Esto es especialmente cierto en vísperas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, cuando los votantes elegirán al sucesor de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, elegido en 2022.

En las últimas semanas, una serie de ataques han tenido como objetivo a civiles y bases militares. El más grave, a finales de abril, dejó al menos 21 muertos y decenas de heridos en la Carretera Panamericana, entre Cali y Popayán. Las autoridades colombianas atribuyeron de inmediato los ataques a grupos armados activos en la región, en particular a la facción disidente de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC), liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien posteriormente se atribuyó la responsabilidad del atentado. También fue arrestado José Alex Vitonco Ándela, presunto líder de un movimiento local vinculado a los combatientes de Mordisco.

«Sin pretender que nos enfrentemos a un escenario idéntico al del pasado», reflexiona Monseñor Medina Acosta, «existen, no obstante, señales que exigen vigilancia: la fragmentación de los actores armados, la expansión territorial y el debilitamiento de los mecanismos de control». El país, subraya, «no puede permitirse» volver al pasado.

En el suroeste de Colombia, explica el obispo de Engativá, «estamos presenciando una grave crisis humanitaria caracterizada por la intensificación de los conflictos entre grupos armados ilegales». Esto está provocando «un continuo deterioro de las condiciones de seguridad, que afecta directamente a la población civil, con confinamientos, desplazamientos y pérdida de control institucional en varios territorios». Estas dinámicas se concentran en corredores «estratégicos», como el norte del Cauca, la costa del Pacífico de Nariño, la Cordillera Occidental y las zonas rurales del Valle del Cauca. Allí convergen «actividades ilícitas como el narcotráfico —desde el cultivo hasta el procesamiento y la exportación, particularmente a Estados Unidos—, la minería ilegal, principalmente de oro, y el tráfico de armas». Se trata de corredores «disputados por diversos actores armados» que buscan «control territorial, financiero y logístico» en el contexto del narcotráfico, también como parte de una «reconfiguración» de los propios grupos armados tras la desmovilización de las FARC y una «presencia estatal debilitada en las zonas rurales». Esto no es «un fenómeno espontáneo», reflexiona el Secretario General de la CEC, sino «la expresión de conflictos no resueltos y una transición incompleta hacia la paz».

Sobre el terreno, las consecuencias para las poblaciones locales son «profundamente dolorosas»: desplazamientos forzados masivos, confinamiento de comunidades enteras, reclutamiento de menores con fines delictivos, falta de acceso a alimentos, atención médica y educación, y el asesinato de líderes sociales. Este último flagelo, según la ONG Indepaz, dejó un saldo de 187 muertos el año pasado. Además, los ataques más recientes han afectado a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas: «Su dignidad y sus derechos fundamentales se ven gravemente vulnerados», denuncia el obispo Medina Acosta.

En este contexto, la Conferencia Episcopal Colombiana emitió un comunicado en el que exhortó a los actores armados a cesar de inmediato todas las acciones que atentan contra la vida, en cumplimiento del derecho internacional humanitario. Asimismo, la Iglesia colombiana hizo un llamado al Estado y a la sociedad para que asuman su responsabilidad, insistiendo en la urgencia —subrayó el secretario general de la CEC— de una acción integral y coordinada. Por su parte, el Papa León XIV, en la audiencia general del 29 de abril, hizo un llamado a Colombia: la voz del Pontífice, continuó el prelado, es «una voz profética que nos invita a rechazar toda forma de violencia y a optar decididamente por la paz».

Según informa Monseñor Medina Acosta, los llamamientos de los obispos «han sido recibidos con respeto en diversos sectores, pero también con el reto de traducir esas palabras en acciones concretas», porque «la paz no depende únicamente de las declaraciones; requiere compromisos reales de las fuerzas armadas, del Estado y de la sociedad en su conjunto».

Sobre todo en la recta final hacia las elecciones presidenciales. Según las últimas encuestas, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y del gobierno del presidente saliente Gustavo Petro, lidera la contienda presidencial con más del 35% de la intención de voto, por delante de Abelardo de la Espriella, miembro de la derecha radical, con cerca del 25% —quien actualmente está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para respaldar su candidatura— y Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con cerca del 22%. En caso de segunda vuelta, esta se celebraría el 21 de junio.

Hoy, según informa el Secretario General de la CEC, el país atraviesa un clima de «fuerte polarización, pero también de esperanza». Tras la elección de Gustavo Petro, «se han abierto importantes debates sobre las reformas sociales y el rumbo del país». La política de «paz total» de Petro «ha propiciado espacios de diálogo con diversos actores, lo cual es valioso. Sin embargo, enfrenta grandes desafíos, como la falta de progreso constante en todas las conversaciones —por ejemplo, la que mantiene con el ELN ha atravesado repetidamente fases críticas e inciertas—, la persistencia de la violencia en los territorios y las dificultades para implementar los acuerdos».

Ante las elecciones, en un momento decisivo para el país, es fundamental que prevalezcan el respeto, la libre participación y la protección de la vida: la democracia debe fortalecerse, no debilitarse aún más. Por ello, los obispos exhortan a los colombianos a ejercer su derecho al voto de manera responsable, libre y ética, votando sin dejarse guiar por el miedo ni el odio, dando prioridad al bien común sobre los intereses particulares y optando por caminos de reconciliación, justicia y paz, porque Colombia necesita ciudadanos comprometidos con la vida, la verdad y la construcción de un futuro compartido.